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El BNG de Vigo ha denunciado públicamente que el Concello mantiene sin respuesta más de 4.500 alegaciones presentadas al nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), cuyo periodo de exposición pública concluyó en enero de 2022. Tres años después, vecinos, profesionales y promotores siguen sin conocer el destino de sus aportaciones.
El portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, acusa al gobierno local de generar inseguridad jurídica para los ciudadanos y el sector inmobiliario. Según sus declaraciones, la concejala de Urbanismo, María José Caride, incumplió el compromiso de responder una vez publicados los informes sectoriales y la versión final del PGOM en el Boletín Oficial de la Provincia.
La falta de contestación no solo frena a quienes presentaron alegaciones, sino que también impacta en el desarrollo urbanístico y económico de Vigo, al dejar en suspenso proyectos de construcción, rehabilitación y planes de inversión privada que dependen de la seguridad normativa.
Para el mercado inmobiliario local, esta situación supone un riesgo: proyectos que podrían generar nueva oferta de vivienda y suelo urbano permanecen bloqueados, y el retraso prolonga las tensiones en un mercado ya afectado por la escasez de vivienda asequible.
